Carlos Martín Loyola Escajadillo, docente de la Escuela de Postgrado USIL, experto en gestión pública. Doctor en Gobierno y Política Pública por la USMP. Magíster en Administración por ESAN. Ingeniero industrial por la Universidad de Lima. Gerente público de SERVIR.
La pandemia por COVID-19 nos viene afectando como país más allá de lo imaginado. No obstante, genera también una nueva oportunidad para los tomadores de decisiones de políticas públicas1, para realizar cambios estructurales en nuestro Estado, cuyo objetivo es convertirnos, en el mediano y largo plazo, en una sociedad desarrollada en la cual la competitividad, la meritocracia y la ética pública sean los pilares sobre los cuales sostener nuestro modelo de desarrollo.
Nuestro modelo económico, implementado a inicios de los años 90, ha permitido al Perú lograr un crecimiento económico importante en las últimas décadas, respaldado en cifras macroeconómicas de excelencia, no solo en la región sino en el mundo; pensando que, al lograrlo y mantenerlo, las brechas sociales y económicas disminuirían gradualmente. Sin embargo, la pandemia ha desnudado las falencias que como Estado y sociedad aún tenemos y que nos hace altamente vulnerables ante escenarios de crisis como la actual.
¿Y ello por qué? Porque el crecimiento económico ha demostrado ser una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el desarrollo de una nación, siendo importante una planificación prospectiva orientada al desarrollo, donde la meritocracia estatal –“gobierno de los mejores” – resulta primordial para conseguirlo, convirtiéndose en una garantía para lograr competitividad en la administración pública y, con ello, promover una cultura de excelencia en el país que revitalice nuestra economía.
Por otro lado, el Banco Mundial ha proyectado que la contracción del PBI nacional sería de alrededor del 12.5 % en el 2020. Si a ello le agregamos que la presión tributaria del Perú es de 14.2 % del PBI —una de las más bajas de la región—, el panorama se vislumbra desalentador para el presente año y el trienio siguiente, motivo por el cual urgen respuestas estatales que promuevan la competitividad, la ética y la meritocracia en la gestión pública.
La respuesta pasa por impulsar el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad aprobado en 2019. Cerrar las brechas de infraestructura en sectores claves como salud, educación, saneamiento y transportes constituye una inmejorable oportunidad para el Perú. La historia demuestra que países como Japón, Alemania, Singapur, entre otros, lograron su desarrollo impulsando su infraestructura, partiendo también de situaciones de crisis gravísimas.
Otra de las ventajas que podemos aprovechar es la llamada “transformación digital”, en la cual el tránsito de pasar primero por una transformación cultural en las organizaciones se ha acelerado por las circunstancias. En los últimos meses hemos pasado a la educación virtual, tanto a nivel escolar como universitario, sobre la marcha. Lo positivo de dicha medida es que tanto los escolares como universitarios son nativos digitales, lo que constituye una ventaja comparativa respecto a si la misma medida se hubiera implementado décadas atrás.
Podemos concluir que se nos presenta una oportunidad única para replantear nuestras prioridades, cerrando brechas en infraestructura de servicios básicos, optimizando la gestión y respuestas estatales para estar en mejores condiciones de atender las demandas de la ciudadanía en general.
1Políticos, organismos públicos, sector empresarial, sectores sociales
