El Compliance o “Cumplimiento” por su traducción al español, es un término conocido en un gran número de países y refiere a una serie de estrategias y procedimientos que permiten realizar una buena gestión de prevención, tratamiento o corrección de los riesgos o potenciales riesgos de naturaleza operativa y/o legal que puede tener una empresa, independientemente de la actividad económica a la que se dedique.
El Perú no es ajeno a ello, vistos los escándalos de corrupción que aquejan en su mayoría al sector construcción y debido al repudio social generalizado se estableció un sistema que responsabiliza no solo a las personas naturales por actos delictivos, también a las personas jurídicas responsables con medidas que varían desde multas, suspensión, cancelación de licencias hasta incluso la disolución de la misma.
Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1352 a inicios del año 2018, que modificó la Ley N° 30424, Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas y su Reglamento, vigente desde el 10 de enero de 2019, se ampliaron los supuestos de responsabilidad de las personas jurídicas.
De ese modo, la Ley N° 30424, junto a las demás normas de la materia tipifican los delitos como Cohecho Activo Transnacional, Colusión, Tráfico de Influencias y otros mediante los cuales las personas jurídicas pueden ser responsables por delitos cometidos por sus empleados u órganos de decisión, promoviendo la implementación de programas de Compliance dentro de las empresas y que puede incluso eximirlas de responsabilidad en caso cumplan con un programa adecuado, este sistema tiene como ente supervisor encargado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
El Compliance y Buen Gobierno Corporativo involucra trabajar en base a altos estándares de transparencia, profesionalismo y eficiencia, generando en el camino confianza en el mercado y produciendo un impacto positivo a largo plazo en términos de valor y competitividad, evitando poner en peligro el valor de la empresa y creando o mejorando una buena imagen, ello implica un continuo y correcto cumplimiento de las normas legales invirtiendo recursos necesarios para cambiar la cultura empresarial y los conocimientos de riesgos operativos y/o legales que enfrenta cada empresa en el cumplimiento de su actividad económica para crear un compromiso institucional de todos los colaboradores, desde los puestos de dirección o gerencia más altos a los que tengan menor grado de responsabilidad.
Consideramos que a pesar de quedar un amplio camino por recorrer, la posibilidad de desarrollo a futuro en un mercado cada vez más competitivo y consciente de los riesgos a los que enfrenta como el nuestro hace al Compliance una rama interesante dentro del derecho que en el futuro requerirá de más profesionales.