Un estudio revela que los mercados de la Alianza del Pacífico, salvo México, priorizan las ganancias para los accionistas por encima de la sostenibilidad.
Una investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola y San Ignacio University, elaborada con datos de Bloomberg, concluye que las mineras de Perú, Chile y Colombia que reportan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) registran un desempeño financiero ligeramente menor en el valor de mercado de sus activos.
Según los autores —Víctor Álvarez Quiroz, director del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas Sectoriales y Sociales (CIEPSS) de la USIL, y Erick Quispe Calderón, bachiller en Economía y Finanzas de la USIL y egresado de International Business de San Ignacio University—, estas empresas operan en mercados centrados en los accionistas, donde la adopción de estándares sostenibles aún no se asume como una inversión estratégica.
El análisis, sustentado en la Q de Tobin, confirma que la divulgación de prácticas ESG continúa percibiéndose como un costo y no como un factor capaz de impulsar el valor de las empresas en el mercado de valores.
En México, la investigación registró un comportamiento opuesto. Sus mineras sostenibles elevaron su valor en 52.33 %, impulsadas por un enfoque stakeholder que integra a las comunidades, el ambiente y la gobernanza en la toma de decisiones corporativas.
Los datos revelan que estas empresas tienen mayor presencia en índices sostenibles, amplían sus carteras de inclusión y participan en mercados bursátiles internacionales vinculados a prácticas responsables.
Esa combinación refuerza su reputación, atrae inversión y convierte la divulgación ESG en un elemento que contribuye a consolidar su competitividad en el ámbito financiero.
El estudio advierte que Perú, Chile y Colombia deben fortalecer sus criterios ESG y establecer marcos normativos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la gestión de residuos y del agua y compensar su huella de carbono.
“Es importante adoptar tecnologías verdes que mitiguen los impactos ambientales y velar por las comunidades aledañas, así como por los temas de gobernanza”, señaló Álvarez durante la presentación del trabajo académico.
El Dr. Alfredo Dammert Lira, miembro del Consejo Directivo del Osinergmin, recordó que el caso Tía María evidenció cómo la falta de inclusión comunitaria y la limitada difusión de información ambiental derivaron en un conflicto que aún permanece vigente.
En esa línea, Daniel García López, superintendente adjunto de investigación, desarrollo e innovación de la Superintendencia del Mercado de Valores, destacó que incorporar criterios ambientales y sociales puede generar efectos positivos y sostenibles en el desempeño financiero a largo plazo.
La investigación evaluó a 12 de las 56 mineras de la Alianza del Pacífico, único grupo que reporta de manera regular sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza.
El artículo de investigación fue publicado en Green Technologies and Sustainability, revista científica indexada del cuartil 1, perteneciente a Elsevier, una de las editoriales académicas más prestigiosas del mundo.
El dato
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