La obra del excanciller González-Olaechea propone un modelo de gestión para la consulta previa y destaca la importancia de reconocer a los pueblos indígenas como actores centrales en la democracia y el desarrollo sostenible.

El Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola presentó el libro El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Desafíos y oportunidades para su aplicación, del excanciller peruano Javier González-Olaechea Franco.
En su intervención, el autor explicó que su obra busca aportar reflexiones y propuestas para fortalecer la institucionalidad, reconocer la diversidad cultural y reafirmar el compromiso del Estado con los pueblos indígenas como actores centrales de la democracia.
“Por razones históricas y conceptuales, nada podemos conocer de los pueblos indígenas si no pensamos y actuamos de manera interdisciplinaria, recurriendo a una amplia gama del saber humano”, señaló el excanciller durante su discurso.
Añadió que las fronteras amazónicas, habitadas en su mayoría por comunidades indígenas, representan una herencia ancestral que el Perú debe reconocer y proteger como parte de su identidad nacional.
Subrayó que la consulta previa no es un trámite administrativo, sino un derecho colectivo que fortalece la democracia, la soberanía y la inclusión social, y que debe asumirse como un mecanismo de diálogo para construir consensos.
En ese sentido, sostuvo que el Convenio 169 no debe verse como una traba, sino como una oportunidad para avanzar hacia un desarrollo sostenible, con justicia social y con pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios.
La obra fue comentada por Patricia Balbuena, exministra de Cultura, y Fabio Bertranou, director adjunto de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, quienes resaltaron su valor académico y político.
Balbuena recordó los avances desde la aprobación de la ley de consulta previa en 2011 y su reglamentación en 2012, así como la base de datos de pueblos indígenas que zanjó el debate sobre su existencia.
Sin embargo, advirtió que, pese que a la fecha hay 114 procesos de consulta previa implementados, el mecanismo se ha debilitado por falta de coordinación multisectorial y de una institucionalidad sólida.
Por ello, destacó que la propuesta del autor permite repensar la consulta previa para recuperar su capacidad transformadora en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, consolidando la democracia y el desarrollo inclusivo.
Por su parte, Bertranou consideró que el libro es una referencia clave no solo para el Perú, sino también para toda la región. Subrayó que la institucionalidad efectiva es esencial para aplicar el Convenio 169, articulando políticas económicas, sociales y de reconocimiento de derechos colectivos.
Insistió en la necesidad de un abordaje multisectorial y de superar la lógica del conflicto para garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo.
En la ceremonia también participó Raúl Díaz Canseco Terry, fundador y presidente de la Corporación Educativa USIL, quien destacó la importancia de las comunidades indígenas en la construcción de ciudadanía.
El rector de la USIL, Jorge Talavera, añadió que la historia reciente del Perú muestra cómo los procesos de desarrollo ligados a la explotación de recursos naturales enfrentan resistencias legítimas cuando no son suficientemente dialogados, comprendidos o consensuados con las comunidades.
En ese marco, resaltó que el libro es un aporte concreto para enfrentar una de las tareas más urgentes de la democracia: el manejo civilizado de los conflictos sociales en territorios habitados por pueblos indígenas.
La publicación, prologada por el economista Hernando de Soto, reúne seis capítulos y presenta, entre otros aportes, el modelo matricial de gestión de la consulta previa desarrollado por el autor.
González-Olaechea explicó que su propósito ha sido subrayar la importancia de proteger y promover el desarrollo de los pueblos indígenas y tribales, valorando su identidad, riqueza cultural y su perdurabilidad en el tiempo.
Recordó que en el mundo existen no menos de 390 millones de personas indígenas en unos 70 países, que hablan alrededor de 3500 lenguas y mantienen condiciones de vida particulares que deben ser reconocidas y respetadas.