Durante mucho tiempo, gran parte de Latinoamérica estuvo sometida a la influencia y el mandato de la monarquía española, por ello, tras la descolonización, los Estados buscaban terminar con el intervencionismo por parte de las potencias europeas, por lo que el principio de no intervención comenzó a tomar forma. En 1848, el mismo se declaró por primera vez Principio Americano en el Tratado de Confederación del Congreso Hispanoamericano, y consecuentemente, pasó a ser incorporado como principio fundamental en la carta de la ONU y el Derecho Internacional Contemporáneo.
Factores como la globalización suponen que cualquier cambio efectuado en un estado tendrá impacto en el panorama internacional. Además, una ingente cantidad de académicos considera que los principios de no intervención y soberanía se encuentran en crisis por el factor global que, a su vez, supone que el mundo y las relaciones internacionales no pueden continuar siendo regidas por principios del pasado, y que sería crucial reformular ciertos pilares del Derecho Internacional.
La Comisión de Derecho Internacional reitera la importancia del principio de no intervención, sin embargo, manifiesta que su alcance en la actualidad es limitado por las disminuciones de las situaciones consideradas como asuntos internos, sobre todo en los casos relacionados con los derechos humanos y estados que violentan los mismos. En lo que refiere a las medidas que los estados pueden tomar respecto a sus pares que violenten la declaración de Derechos Humanos, si tales acciones van acorde con otros preceptos del Derecho Internacional Contemporáneo, no pueden considerarse como intervenciones ilícitas, por lo que expresiones de desaprobación o representaciones diplomáticas de intervención frente a abusos serían enteramente legítimas.
Estas situaciones de intervención por motivos humanitarios constituyen la llamada Intervención Humanitaria. En general esta noción es aplicada cuando un estado o un grupo de ellos concurre a otro empleando la fuerza con la finalidad de socorrer a la población víctima de una directa violentación de derechos humanos por un conflicto interno o el accionar gubernamental. La armonización del principio de no intervención y de la intervención humanitaria no resulta fácil, por una parte, emplear la fuerza significa poner en peligro el propósito de la Comunidad Internacional (El mantenimiento de la Paz y Seguridad), mientras que por otro lado, el ejercicio de una operación que busque proteger la vida de personas y derechos fundamentales de un pueblo, responde a otra finalidad esencial de la misma, como lo es la salvaguarda de los Derechos Humanos.
Uno de los ejemplos más controversiales es el surgimiento del Grupo de Lima, pues es un giro de 180 grados a lo que tanto solicitaron los estados latinoamericanos en el contexto de su independencia. El objetivo principal de esta alianza recae en la presión hacia el actual presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, para que convoque a legítimas elecciones presidenciales. Además, no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, pero sí a la Asamblea Nacional, pues consideran que fue elegida bajo democracia. Asimismo, condena la violación de derechos humanos y libertades individuales. En el 2018, el Grupo de Lima se declaró en contra de las elecciones presidenciales y comenzaron a insistir en la necesidad de abrir un corredor humanitario para hacer llegar a alimentos, agua y medicinas a la población venezolana que tiene cada vez los derechos humanos más deteriorados, interviniendo así en las cuestiones del país con la principal justificación de la grave crisis humanitaria que atraviesan los venezonalos desde hace varios años.
