El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia: la Convención de los Derechos del Niño. Este hecho fue el culmen de pronunciamientos internacionales que comenzaron con la Declaración sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Sociedad de Naciones en Ginebra en 1924.
Nuestro país ratificó la Convención en 1990, luego de lo cual promulgó, a fines de 1992, el primer Código de los Niños y Adolescentes que reemplazó el anterior, el de Menores de 1962. Este sustituye la antigua doctrina correspondiente a la intervención del Estado ante la situación irregular de las personas menores de edad, por la de protección integral y el principio del interés superior del niño proclamados por la Convención. Posteriormente, en el 2000, se promulgó el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, sin variaciones sustanciales respecto del primero. Nuestra legislación define a la niñez desde la concepción hasta los 12 años y a la adolescencia al grupo etario entre los 12 y 18 años.
Han pasado tres décadas desde que el Perú ratificó la Convención. Indudablemente, hubo importantes avances para su implantación, que parten de la creación de un sistema nacional regido por el poder Ejecutivo hasta la promoción de redes locales con participación de las organizaciones comunitarias que trabajan por nuestra niñez. Como parte de dicho sistema, se encuentran las Defensorías del Niño y el Adolescente y, en particular, las municipales (Demuna) que, al tratarse del primer nivel de atención, son una clara muestra de la transformación que ha implicado la adopción de la Convención. Incluso, a nivel de la estructura organizativa pública establecen una responsabilidad específica en cada uno de los tres niveles gubernamentales, así como de todo el Estado y la sociedad.
Sin embargo, los retos para la promoción del desarrollo humano integral y el trabajo por el bien común desde la prioridad que la infancia exige todavía son notorios. De acuerdo con datos del INEI, un tercio de la población peruana está conformada por menores de edad. Y, de ese tercio, -según información anterior a la pandemia- la tercera parte está afectada por la pobreza. En cuanto a la anemia, se mantiene en un 43 % en pequeños de 0 a 36 meses y la desnutrición crónica se sabe que no cede.
Existen prioridades a las cuales el Estado y la sociedad no pueden darle la espalda por lo que deben mirar a la infancia y la familia como fundamento social, tal como lo establece la Constitución. En esta tarea, la universidad adquiere un rol vital debido a la formación que imparte a sus miembros y por la responsabilidad social que asume en el cumplimiento de su misión, que contribuyen al desarrollo sostenible del país de cara al mundo. Ese es nuestro compromiso.
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