El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que, a partir de su sexagésimo tercer periodo de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social. En la resolución se reconoce:
“Que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Naciones Unidas, 2007).
Se admitió, además, “que, para sostener el desarrollo social y la justicia social, es necesario un crecimiento económico de base amplia y sostenido, en el contexto del desarrollo sostenible” (Naciones Unidas, 2007).
De acuerdo con ello, la justicia social se constituye en un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro y entre las naciones. Su propósito es lograr un reparto equitativo de los bienes sociales, asegurando así la dignidad de todas las personas y la cohesión social.
Por eso, la justicia social constituye uno de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y forma parte de la Agenda 2030 (“Transformar nuestro mundo”); instrumentos adoptados por las Naciones Unidas y que representan el consenso mundial para lograr un desarrollo basado en objetivos comunes con metas integradas.
La consideración de la justicia social como un Objetivo de Desarrollo Sostenible busca reducir las desigualdades, las que, en el Perú, “afecta más a las personas que viven en situación de pobreza. Es decir, cuanto más te afecte la pobreza, tienes menos oportunidades de desarrollo” (UNICEF, 2020).
Al respecto, los indicadores mostraban una disminución importante en la evolución de la línea de pobreza entre 2017 y 2018. Así:
En el año 2018, la pobreza extrema afectó al 2,8 % de la población del país, que equivale a 900 mil personas, que tendrían un nivel de gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos que se ubica en 183 soles. Al comparar con el 2017, la pobreza extrema disminuyó significativamente en 1,0 punto porcentual (de 3,8 % a 2,8 %) (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019).
Sin embargo, la COVID-19, definitivamente, ha puesto en riesgo los escasos avances para esa evolución y, por lo mismo, ha intensificado las desigualdades existentes y afectado más que nadie a los pobres y las comunidades vulnerables. La pandemia:
Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la crisis. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia. En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores (Naciones Unidas, 2015).
A pesar de ello, la crisis sanitaria es una oportunidad para invertir en políticas públicas que puedan revertir la desigualdad y encausar la acción de nuevo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ellas, la justicia social debe ser entendida en una doble dirección. Por un lado, como un principio de la vida social que guía tanto la acción individual como la acción de las instituciones. Por otro lado, como una característica del modo de ser de las personas, según la cual se actúa con la convicción de ser solidarios y respetar la dignidad de las personas.
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Fuentes de investigación
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Evolución de la pobreza monteria 2007-2018. Informe Técnico. Lima.
- Naciones Unidas. (2007). Resolución 62/10 que declara el Día Mundial de la Justicia Social. A/RES/62/10.
- Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
- UNICEF. (2020). 17 objetivos para un Perú mejor.
