En 2017, mediante la resolución 72/165, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 21 de agosto como el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, como consecuencia de otras más que buscaban luchar contra el terrorismo y apoyar a las víctimas de este terrible crimen.
Asimismo, la resolución 60/288 define como actos, métodos y prácticas de terrorismo a aquellos que tienen por objeto la “destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazando la integridad territorial y la seguridad de los Estados y desestabilizando los gobiernos legítimamente constituidos”. En la actualidad, el terrorismo deja miles de víctimas a diario en estados como Burkina Faso, Mali, Níger, Irak, Siria y Libia.
En Perú, la etapa más dura de terrorismo se vivió en las décadas de los años 80 y 90 con Sendero Luminoso y el MRTA. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el número de víctimas de Sendero Luminoso durante esas décadas fue de 69,280. Pese a ello, la historia peruana vinculada al terrorismo, lamentablemente, aún no termina. Hace menos de un mes se publicaron noticias de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y remanentes de este grupo terrorista.
Ahora, ¿qué ha hecho el Gobierno peruano ante este escenario? Por un lado, ha establecido candados para que personas sentenciadas por terrorismo, o que compartan los métodos o prácticas terroristas, no participen en política ni en actividades claves como la educación y la justicia. Por otro lado, se ha creado un programa de reparación de víctimas en educación. Sin embargo, este trabajo parece ser insuficiente a comparación del daño recibido.
Entonces, ¿qué más se puede hacer? Gonzalo Portocarrero, en su obra Profetas del Odio, concluye que la cúpula de Sendero Luminoso basó su ideología en la articulación del descontento de la población a raíz de las brechas e injusticias sociales. Siendo así, se debe buscar la forma de disminuir o acabar con el descontento de la población por dichas razones.
Debemos recordar que el Derecho como ciencia social debe otorgar certeza y seguridad a los ciudadanos de un Estado. De esta manera, con el correcto desempeño de los agentes que administran justicia, la sensación de brechas e injusticias de la población debería disminuir o desaparecer.
En ese sentido, el trabajo que desempeñan los jueces, abogados, facultades de Derecho y otros actores de la administración de justicia debe ser de calidad, eficiente y ética, pues una de sus funciones principales es la convivencia social en armonía.
Fuentes de investigación:
https://undocs.org/A/RES/72/165
https://undocs.org/es/A/RES/60/288
https://news.un.org/es/story/2020/01/1467661
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php
https://www.gob.pe/789-programa-de-reparacion-de-victimas-en-educacion
