El panorama nos obliga a ser cautelosos
El acceso a financiamiento de una empresa no solo depende del éxito de sus estrategias de negocios y sus indicadores financieros. En la práctica, el riesgo país juega un rol fundamental en la calificación de viabilidad o no del crédito empresarial.
Para determinarlo, los bancos de inversión y las instituciones financieras internacionales toman en cuenta variables políticas, macroeconómicas y de estabilidad jurídica e institucional que son evaluadas constantemente para determinar la calificación de riesgo de cada país, es decir, que tanta seguridad genera el país sobre su capacidad para hacer frente a sus obligaciones contraídas.
En el último año, nuestros indicadores macroeconómicos no se han mostrado muy alentadores. Solo por citar un ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al cierre del año 2020 la población económicamente activa ocupada disminuyó en -13,0%, el ingreso nacional disponible real de la economía cayó en -8,3%, la demanda interna se contrajo en -10,1%, y la inversión bruta en capital fijo en -15,6%, mientras que, las exportaciones disminuyeron en -19,0% y las importaciones lo hicieron en -14,9%. No obstante, lo realmente alarmante en esta coyuntura es qué nos depara ante un eventual gobierno de extrema izquierda -nomenclatura utilizada por los medios internacionales ante la designación del primer gabinete- y cómo nos puede afectar la coyuntura política en la realidad al hacer negocios.
Ante dicha situación incierta para todos, es fundamental que los abogados o gestores de riesgos, por el propio rol que cumplen en la empresa, realicen un adecuado análisis de riesgos sobre las políticas de Perú Libre planteada en su Programa Ideario y demás actos constitutivos, con la finalidad de identificar oportunamente en las compañías controles preventivos y de contención ante una eventual implementación de estas medidas radicales.
Si bien muchas de ellas no podrán ser implementadas en la medida que exista un contrapeso político en el Parlamento, es necesario estar atentos a los asuntos de interés del partido político, más allá de la Asamblea Constituyente, con la finalidad de asegurar la menor afectación posible de la compañía en el corto plazo y salvaguardar su sostenibilidad a largo plazo.
A continuación, el artículo pretende resolver cuáles son los principales riesgos mínimos que deberíamos advertir en nuestras empresas.
Riesgo de supervisión laboral perversa
Las políticas públicas planteadas por el partido Perú Libre generaría como consecuencia sobrecargar al empresariado con medidas de supervisión y fiscalización, sobre todo en el ámbito laboral. La creación de una “Contraloría para empresas” podría significar el riesgo de imposición de sanciones onerosas en la medida que la empresa, en un esfuerzo de reducción de costos, descuide la labor de cumplimiento regulatorio.
Otras iniciativas como la determinación de sueldos de personal no especializado y la eliminación de figuras de tercerización laboral o regímenes especiales combinadas con la política de “promoción de la sindicalización de los trabajadores en el sector privado” sumado al descontento de los trabajadores por la reducción de planillas, reestructuraciones organizacionales y el replanteamiento de indicadores empresariales parecen ser el tridente perfecto para que las empresas fenezcan.
Frente a este escenario, la empresa deberá emplear la auditoría como un mecanismo para asegurar que las normativas en materia laboral, con énfasis en contratación de extranjeros, libre competencia y anticorrupción se cumplan a cabalidad.
Además, será fundamental la integración de políticas de compliance con la finalidad de reducir disposiciones innecesarias, redundantes o inconsistentes con el objetivo ulterior de capacitar constantemente a los trabajadores y asegurar que la compañía conozca apropiadamente las disposiciones que podrían exponer a la empresa a posibles incumplimientos y tener la capacidad suficiente para adaptar las nuevas normativas en materia laboral al modelo de gobierno de la compañía.
Riesgo de recisión de contratos con socios extranjeros
Existen una serie de políticas en el planteamiento de Perú Libre de restricción de mercado que podrían significar que nuestros proveedores, inversionistas o clientes extranjeros decidan no renovar compromisos contractuales o rescindirlos antes del plazo previsto. Por ejemplo, la eliminación de tratados internacionales que favorecen el libre comercio (con especial énfasis en el sector salud), el establecimiento de cuotas mínimas para la contratación de colaboradores, la determinación de sueldos a accionistas por el múltiplo de ganancias de los trabajadores, el control de precios de productos y las normativas que con el objeto de “impedir” la concentración o monopolios en los sectores más rentables busquen regular la participación alícuota de empresarios en el mercado peruano, son alarmas que generan preocupación en el mundo financiero internacional.
La empresa debe conocer cada una de estas medidas y demás planteadas por el partido de gobierno e identificar preventivamente cuáles podrían generar mayor efecto adverso en sus compañías. En dicho análisis, se pueden determinar estrategias de protección del capital extranjero y protección de las remuneraciones de los trabajadores clave.
Riesgo de aumento de impuestos
Las políticas públicas planteadas por Perú Libre hacen prever que la carga fiscal sobre empresas irá implementándose paulatinamente. Entre las situaciones previstas, la creación de una política de descentralización del gravamen de impuestos permitiría que los gobiernos regionales tengan la facultad de grabar y recaudar impuestos para la actividad privada como el impuesto municipal sobre la licencia de operación comercial, situación que aqueja hoy en día a Venezuela. En adición, la creación de nuevos impuestos como el impuesto a la riqueza, aumento de la tasa del impuesto a la renta para escalones superiores, aumento de impuestos selectivos al consumo y sobre ganancias, así como el gravamen paulatino de impuestos solidarios son riesgos latentes de carga fiscal a la empresa.
Riesgo de disturbios por manifestaciones
La extensión de las manifestaciones en el tiempo o que estas se tornen violentas son indicadores que afectan la percepción del mercado internacional sobre el país de forma negativa, por lo que es importante que desde nuestras posturas convoquemos a la tranquilidad ciudadana y estemos alertas ante medidas gubernamentales que pudiesen afectarla. No obstante, ante este riesgo remoto, la compañía debe contar un plan de prevención que le permita actuar de forma eficiente ante el riesgo de daño físico al personal, el perjuicio de los activos empresariales y la interrupción en la continuidad del negocio.
Entre las acciones a tomar en cuenta, la empresa debe asegurar que, ante un eventual disturbio masivo, los trabajadores estén en la capacidad de ejercer sus funciones desde casa o, caso contrario, identificar al personal indispensable que le permita desarrollar las actividades mínimas en las mejores condiciones de seguridad física desde las instalaciones corporativas. Además, es recomendable que se realice una identificación previa de posibles inmuebles más vulnerables por ubicación geográfica, una alerta temprana de fechas y horas de eventos que eventualmente pueden considerarse disturbios y un reconocimiento de puntos de acceso o coordenadas de las instalaciones más propensas a sufrir de daños.
Finalmente, garantizar el acceso a servicios básicos, el contacto inmediato de personal de seguridad o servicio de vigilancia debidamente preparado, la capacitación en primeros auxilios y conocimiento del plan de emergencia afianzarán el cuidado apropiado de la integridad de los trabajadores y de la empresa.
Riesgos financieros y de viabilidad empresarial
Como consecuencia de políticas públicas como el aumento de impuestos gravados, la “peruanización de la economía” atendiendo a la demanda interna y la desconfianza en las instituciones, conjuntamente con los riesgos ya señalados en líneas anteriores, se generarán por consecuencia el aumento de las tasas de interés y el crecimiento de la inflación en el país , lo cual advierte una serie de riesgos inherentes como la disminución de ventas, el encarecimiento de costos de producción, el incumplimiento de obligaciones por vencer en moneda extranjera y la disminución de inversión en proyectos de innovación, nuevas tecnologías y mejora de procesos internos que son los hitos que garantizan la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.
Aquí no hay receta mágica que pueda ayudar a no sentir los efectos de una devaluación del país como escenario para hacer negocios, sin embargo, la empresa que quiera sobrevivir en estos tiempos difíciles deberá asegurarse de seguir pensando en el largo plazo y seguir invirtiendo el talento en la creación de nuevos proyectos, nuevos productos y en la maximización de beneficios apalancados en nuevas tecnologías.
A razón de lo expuesto, es importante ser conscientes de que no todos los planteamientos tienen el mismo nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo, sin embargo, es recomendable conocer sus implicancias para poder avizorar las estrategias que el gobierno desarrolle previas a la implementación de la medida con la finalidad de anticipar la ejecución del plan de acción.
Las políticas públicas que este Gobierno pretende plantear nos obligan a situarnos en “modo contención”. Es decir, la capacidad empresarial de avizorar las oportunidades del mercado en el largo plazo está siendo reemplazada por la imperiosa necesidad de advertir los riesgos del futuro inmediato. Por tanto, serán exitosas aquellas empresas que desarrollen aptitudes en sus equipos para que sean ellos quienes adviertan y gestionen los riesgos del mañana más próximo pues la Alta Dirección debe seguir enfocada en generar valor después de la crisis.
