En el Perú, los subsidios y otras transferencias representan el 46% del total del gasto del Estado, estos datos son previos a la pandemia (Banco Mundial, 2022). Para los hogares, uno de los programas más importantes a nivel presupuestal es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), un programa de transferencias condicionadas de dinero, dirigido principalmente para las zonas rurales del país, se considera como un bono por familia de un monto de 380 Soles quincenales, equivalente a más del 80% de la remuneración mínima vital (RMV). Es importante resaltar que el 50% de los trabajadores con empleos informales perciben ingresos mensuales inferiores al monto mensual del bono (760 Soles) (Jaramillo y Ñopo, 2021).
La pandemia por el COVID-19 ha contribuido a un aumento importante del número de subsidios destinados a los hogares con mayor vulnerabilidad, como por ejemplo a través del bono “Yanapay”, con el objetivo de amortizar las consecuencias económicas del aumento de los gastos de salud o por la pérdida de empleo.
Desde mucho tiempo, los economistas argumentan sobre el efecto de los subsidios dirigidos a las personas en situación de pobreza a través de la forma de la curva de la ‘trampa de la pobreza’ (ver en la figura inferior) (Duflo & Banerjee, 2011).
Figura 1: La trampa de la pobreza y las curvas en forma de ‘L’ y ‘S’
La curva de la derecha tiene una forma de ‘L’ volteada. A comparación, la de la izquierda se asemeja a una S alargada. El gráfico ‘L’ muestra que, sí se puede salir de la pobreza, a través una inversión inicial (a nivel de condiciones básicas de vida, educación o salud) produciendo rendimientos positivos, allanando el camino para inversiones más importantes en el futuro. Al contrario, el gráfico ‘S’, concluye que los pobres están atrapados en una ´trampa de la pobreza´, es decir un ciclo vicioso por falta de información, creencias y por lo tanto ellos necesitarían un "gran impulso" para salir de su situación (Duflo & Banerjee, 2011).
A nivel de Perú, la mayoría de los economistas coinciden que los bonos por contexto de pandemia se deben considerar ante todo como medidas temporales de emergencia. No obstante, contribuyen a aumentar el déficit fiscal del país (el costo mensual de los bonos ha sido estimado a un 0.8% del PBI). El Estado debe privilegiar principalmente políticas publicas orientadas para facilitar la inversión privada y mejorar la productividad para generar empleos formales, considerando que 7 de cada 10 empleos son considerados como informales en nuestro país. Además, en los últimos meses la tasa de informalidad en el país se incrementó de 73,6% en el año móvil julio 2019-junio 2020 a 78,1% en julio 2020-junio 2021 (IPE, 2021).
Fuentes de investigación:
- Duflo, E., & Banerjee, A. (2011). Poor economics. Public Affairs.
- Instituto Peruano de Economía (2021). Empleo en el Perú, entre la precariedad y la recuperación. Instituto Peruano de Economía. Disponible en https://www.ipe.org.pe/portal/empleo-en-el-peru-entre-la-precariedad-y-la-recuperacion/#:~:text=Precarizaci%C3%B3n%20del%20empleo&text=En%20la%20misma%20l%C3%ADnea%2C%20la,5%25%20entre%20los%20mismos%20periodos.
- Jaramillo, M. & H. Ñopo (2020). COVID-19 y shock externo. Impactos económicos y opciones de política en el Perú [Documento de Investigación, 107]. Lima: GRADE.
